El juez Rafecas procesó a ocho fugitivos vinculados al ataque que dejó 85 muertos en 1994.
El juez federal Daniel Rafecas ha procesado a ocho ciudadanos iraníes y libaneses por su participación en el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Cada uno enfrenta embargos de 500 millones de dólares, en una resolución que se extiende a más de 600 páginas.
La investigación revela que el ataque fue decidido por el régimen iraní y ejecutado por Hezbollah, utilizando un vehículo cargado con explosivos, lo que resultó en 85 muertes y 151 heridos. Rafecas calificó el hecho como un crimen de lesa humanidad y genocidio.
La resolución permite avanzar hacia un juicio en ausencia, aunque la defensa puede apelar. Se excluye la situación de ciertos líderes, ya fallecidos, y se establece que el caso está listo para su eventual juicio oral y público.
