La Constitución Argentina establece mecanismos para resolver conflictos entre provincias y el Estado federal.
La estructura federal de Argentina, que incluye al Estado Nacional, provincias y municipios, genera potenciales conflictos normativos y de límites. La Constitución define competencias y establece que la Corte Suprema debe resolver estos desacuerdos, asegurando así el orden y la paz entre las jurisdicciones.
Se destacan varios tipos de conflictos, como regulaciones que impactan a otras provincias, demandas por daños entre ellas, y controversias sobre derechos y validez de actos. La Corte también interviene en situaciones de colaboración y obligaciones económicas entre provincias.
Las soluciones varían según la naturaleza del conflicto, desde el cumplimiento de obligaciones hasta la promoción de acuerdos de cooperación. La Corte busca fomentar un marco de buena fe y colaboración entre las provincias, respetando su igualdad normativa.
