El juez Martín Cormick permite que el Gobierno apele la ley de financiamiento, pero mantiene la obligación de cumplirla.
El juez Martín Cormick ha dado luz verde a la apelación del Gobierno nacional en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, aunque ha enfatizado la necesidad de cumplir con la cautelar vigente que ordena la provisión de recursos a las universidades.
La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal tomará la decisión final sobre la validez de la resolución inicial. Mientras tanto, el Ministerio de Capital Humano ha manifestado su preocupación, argumentando que el cumplimiento de la ley afectaría el equilibrio fiscal del país.
Las autoridades gubernamentales sostienen que la ley implicaría significativas reestructuraciones presupuestarias, utilizando hasta el 90,30% de los créditos disponibles para gastos primarios, y demandan una interpretación conjunta con otras normativas para la ejecución de gastos públicos.
