La Justicia investiga la conexión entre ex funcionarios y un lote de fentanilo que causó más de 120 muertes.
En un giro crucial en la causa por el fentanilo adulterado que ha dejado más de 120 muertos, la Justicia federal realizó un operativo en el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Mario Lugones, solicitando documentación clave y dispositivos electrónicos de altos funcionarios.
El juez Ernesto Kreplak autorizó el procedimiento, que fue calificado por el Gobierno como un “requerimiento de información”. En paralelo, fueron detenidas Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumado, ex funcionarias señaladas por su falta de control en la producción y distribución del fentanilo contaminado.
La investigación, que se originó en 2024 tras el descubrimiento de un lote de fentanilo adulterado, también involucra al empresario Ariel García Furfaro, procesado por su papel en la red de laboratorios responsables. Con secreto de sumario vigente, el juzgado busca aclarar la responsabilidad de todos los actores involucrados en esta grave crisis de salud pública.
