Los incumplimientos de sentencias afectan la convivencia entre provincias argentinas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de dirimir controversias entre provincias, un mecanismo establecido para evitar conflictos armados. Sin embargo, la falta de cumplimiento de sentencias, como en el caso del río Atuel, pone en jaque la eficacia de esta función.
A pesar de que la Corte determinó en 2017 un caudal mínimo para el río, Mendoza no ha acatado la resolución, lo que ha llevado a ONGs a denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho al ambiente.
Este escenario resalta un problema estructural en el sistema federal argentino: si las provincias pueden ignorar sentencias sin consecuencias, se socava la autoridad de la Corte y la esencia misma del federalismo, que debería basarse en la buena fe y el respeto mutuo.
